Una ley que nos detiene

El Municipio realizó la presentación de la demanda de amparo a la provincia para reclamar por la injusta distribución que hace de los recursos de Ley de Coparticipación.

Muy buenos días para todos, para todas. Gracias a todo el equipo del municipio, al fiscal municipal doctor Pedro Carreño, al fiscal adjunto, doctor Gabriel García Cruz, a todo el equipo de Legal y Técnica, al de gestión y gracias especialmente al doctor Antonio María Hernández.
Uno de los más prestigiosos constitucionalistas de la República y yo diría también del mundo. Nadie sabe más que él en Derecho Público Provincial y en Derecho Municipal. Y tengo el honor de decir que he sido su alumna, así que ha sido mi profesor, mi maestro e inspirador, también mi amigo…
Ahora es nuestro mentor y nuestro asesor en este camino que vamos a empezar en el día de hoy. Gracias a todos los amigos de la prensa, a los medios que nos acompañan, ya que sin ustedes sería imposible poder explicarles a nuestros vecinos y vecinas el sentido de esta decisión que estamos tomando.
Ustedes saben que yo creo en el diálogo como la herramienta para construir consensos en democracia. Es algo que nos enseñó Raúl Alfonsín y que tratamos de poner en práctica en todo lo que hacemos, en cada una de las decisiones que tomamos, siempre en base a la escucha, al diálogo constructivo y a los acuerdos que podemos lograr. En este sentido, la situación económica, financiera del municipio de la capital ha sido objeto de planteo al señor gobernador de la provincia desde antes que asumamos, antes de asumir la función de intendenta de la ciudad.
Empecé con nuestro planteo ante el señor gobernador Ricardo Quintela, entendiendo que teníamos una oportunidad histórica, la oportunidad de quebrar la lógica de confrontación de los últimos 20 años, confrontación que paradójicamente, se había dado siempre entre intendente y gobernador de un mismo partido.
Y torcer, terminar con esa historia y hacer algo distinto para el bien de todos los riojanos y riojanas. E insistimos, como dije, desde el minuto cero, desde antes de asumir, cada vez que tuvimos oportunidad de reunirnos con el gobernador, le hicimos el mismo planteo que teníamos que revisar en primer lugar: cómo se estaba aplicando la Ley de Coparticipación.
Le dijimos también cuáles son los efectos de la aplicación de la Ley de Coparticipación y le planteamos la salida al menos transitoria, temporal, hasta que se diera la revisión de la ley.
Le propusimos un acuerdo financiero que permitiera garantizar la autonomía financiera y, en consecuencia, la autonomía institucional, política y administrativa del municipio. Luego lo hicimos por escrito en agosto del año 2020, plasmando ahí todas nuestras inquietudes, los defectos de la ley y los errores en la aplicación de la ley.
Y le demostramos cómo, desde el momento de su aplicación entrada en vigencia el 1º de enero del año 2016 hasta la fecha en que hicimos el planteo, se había ido discriminando al municipio de la capital y al resto de los municipios de la provincia y cómo, en definitiva, la ley había resultado un retroceso en términos institucionales.
Lamentablemente, a pesar de estos intentos de avanzar a través del diálogo y de encontrar una solución, una salida, a un año y medio, no hemos tenido ningún resultado y hemos tenido la respuesta negativa del gobernador que nos ha dicho que no hay posibilidad de hacer un acuerdo financiero ni de modificar el estado actual de cosas.
¿Qué planteamos? ¿Cuál es el objeto de la demanda de amparo que se ha presentado? cuyos aspectos técnicos luego los va a explicar el doctor Carreño y el doctor Hernández en forma magistral. Planteamos que la Ley 9.782, la ley de coparticipación que se dicta a raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia, luego de la lucha encabezada por el actual gobernador y entonces intendente Ricardo Quintela, es una ley que genera un retroceso en términos institucionales, en términos de federalismo fiscal. Planteamos que es una ley centralista, que es una ley unitaria, que es una ley que concentra más el poder y que establece un mecanismo absolutamente discrecional.
Para graficar esto que estoy explicando, basta con decir que antes del dictado de la ley, la provincia distribuía el 19,4% de los recursos de coparticipación neta que recibía, y eso se hacía mediante acuerdo financieros particulares cada municipio y el Gobierno provincial. A partir de la aplicación de la Ley 9782, la provincia distribuye al conjunto de los municipios tan solo el 9,6 % de los recursos que recibe en concepto de coparticipación neta. Hemos retrocedido de manera escandalosa en la distribución, en el esquema de reparto de los recursos.
Este es el primer punto que le planteamos al gobernador, el segundo punto, es la incorrecta aplicación de la ley. Resulta que a los fondos que ingresan en concepto de coparticipación neta, de libre disponibilidad se le realizan, antes de ingresarlos a la masa coparticipable, retenciones ilegales.
¿Qué significa esto? Retenciones no autorizadas por ley que alcanzan casi el 20 % de esos recursos y que se utilizan, y esto es realmente escandaloso, para pagar las cargas sociales, los aportes de los empleados públicos provinciales, es decir, todos los municipios pagamos los aportes y contribuciones a la ANSES de todos los empleados públicos provinciales.
Esos recursos también se utilizan para pagar las cuotas de los préstamos asumidos por la provincia. Es decir, los 18 municipios de la provincia tenemos que soportar a nuestra cuenta el pago de las cuotas de préstamos en los que no intervenimos en la decisión y tampoco intervenimos en el destino de esos recursos. Nunca dijimos si podíamos, si queríamos endeudarnos o no.
Sin esas retenciones ilegales no autorizadas por ley, que significan casi un 20 % del total de los recursos que ingresan en concepto de coparticipación neta, la Municipalidad del Departamento Capital en este primer cuatrimestre debería haber recibido la suma de 165 millones 700 mil pesos. Y eso lo vamos a traducir a hechos concretos que afectan la vida diaria de cada uno de los riojanos y riojanas: eso significa que con ese dinero podemos reconvertir a luminarias LED las 26.000 luminarias que tenemos encendidas en la ciudad, es decir, en este primer cuatrimestre y con esos recursos podríamos haber convertido a LED todo el sistema de alumbrado público de la ciudad, eso significa que podríamos haber asfaltado 17 cuadras por mes, que en ocho meses nosotros podríamos renovar nuestro parque automotor, comprando: 4 motoniveladoras, 1 pala cargadora, 8 camiones, 30 camionetas y 1 camión para levantar contenedores, imagínense cómo se optimizarían los servicios que prestamos a nuestros vecinos y vecinas. Esto es, patente es casi trágico, diría yo, porque con esto se dimensiona de qué manera es incorrecta, abusiva y arbitraria la aplicación de la ley de coparticipación, que es una mentira. Influye en modo directo en la calidad de vida de cada uno de nuestros vecinos y vecinas.
El tercer punto que le planteamos al gobernador, tanto en cada reunión que tuvimos, como en el escrito que presentamos en agosto y todos los meses reiteramos el pedido: es que no se actualizan ni se informan los índices, los indicadores y los métodos de cálculo que se utilizan para distribuir los recursos. Los intendentes no sabemos si es correcta la asignación de recursos y no tenemos acceso a la información pública. Los últimos datos, ciertos y concretos que tenemos son del año 2017 y la revisión de la distribución y los recursos que el municipio de la capital recibió en ese año nos indican que recibimos por debajo del mínimo de ley. No tenemos más datos actualizados. No hemos podido acceder a más datos.
Estas son las tres cuestiones principales y fundamentales sobre la Ley 9.782 actualmente vigente, que establece el régimen de coparticipación municipal que rige entre la provincia y los 18 municipios y que a todas luces es arbitraria, acentúa el centralismo e impide el desarrollo de los pueblos, afectando de manera directa la calidad de vida de los riojanos y riojanas, no sólo de la capital, sino de cada uno de los 18 departamentos.
No hemos sacado las cuentas, pero ya las vamos a tener: cuánto le correspondería, por ejemplo, a Villa Unión, sería interesante que el intendente sepa, que si no se hicieran esas retenciones ilegales a los recursos que vienen de coparticipación neta, él recibiría seguramente una buena suma de dinero que podría aplicar a su plan de gobierno. Vamos a calcular también lo que le correspondería a Chilecito, a Chamical y a cada uno de los municipios, porque de una vez por todas tenemos que correr el velo sobre esta mentira de un federalismo de cartón que tenemos en la provincia.
El cuarto punto que quiero marcar, es una situación que realmente nos preocupa y muchísimo, porque se relaciona con los recursos del Fondo de Financiamiento Educativo. Brevemente les cuento la historia en el año 2013, la Ley Nacional 26.075 crea el Fondo de Financiamiento Educativo en consonancia con la Ley Nacional de Educación, 26.206, se establece a partir de entonces, en cada ley de presupuesto nacional, la obligación de que las provincias participen de manera automática a sus municipios. Estos recursos con destino específico, educación, recursos para fortalecer la infraestructura, para dar equipamiento, para mejorar las condiciones en las que nuestros niños y niñas que van a la escuela a aprender y a formarse como ciudadanos, es una obligación que existe desde el año 2013, y nunca, nunca, desde entonces hasta ahora, el Gobierno de la provincia transfirió al municipio de la capital los recursos correspondientes al Fondo de Financiamiento Educativo.
Y somos, no quiero decir el único, pero somos uno de los municipios en la provincia de La Rioja que brinda servicio educativo: tenemos tres escuelas primarias y cinco jardines. Ese dinero no es de la Intendenta, ese dinero no es de la gestión, ese dinero no es de la Municipalidad, ese dinero es de nuestros niños, niñas y adolescentes que concurren a nuestras escuelas y a nuestros jardines, tanto los maternales como los jardines de infantes. Y, además, podría ser aplicado también a la educación no formal, a nuestra escuela de arte municipal, a nuestra escuela de circo, a nuestra escuela de música, a nuestra escuela de deportes, a los centros deportivos. Para darles una idea, los recursos acumulados hasta la fecha, los que efectivamente ya percibió la provincia desde el 2013 hasta ahora, sacando la parte que le corresponde a la capital y que nunca fue transferida, a valor histórico en pesos significan 714 millones con 261 mil pesos.
Pero hicimos otro ejercicio. Calculamos los fondos efectivamente recibidos por la provincia en concepto de fondo de financiamiento educativo, al momento en que fueron transferidos a la provincia. Lo tradujimos a dólares y como resultado nos da una deuda que el gobierno de la provincia de La Rioja tiene con el municipio de la capital que asciende a 24 millones 200 mil dólares.
Imagínense lo que podríamos hacer en nuestras escuelas, en nuestros centros, en nuestros jardines, con ese dinero. Para darles un ejemplo, con lo que corresponde a este primer cuatrimestre, enero a abril de este año, que de acuerdo a lo que ya recibió la provincia, nos corresponderían 91 millones de pesos, podríamos haber construido una escuela de 800 m2, cuyo costo es 60 millones aproximadamente, o podríamos haber construido dos jardines de 600 m2, a un costo de 48 millones. Y lo pongo más a la realidad: podríamos haber hecho un nuevo edificio para la escuela Fangio, que tiene problemas estructurales desde hace años y a donde concurren mil niños y niñas. Y podríamos, porque nos queda dinero todavía, completar la infraestructura que necesita la escuela Juan Domingo Perón, allá arriba, al pie del cerro, donde los chicos no tienen ni siquiera un salón de usos múltiples para hacer ejercicio en épocas de invierno, donde el frío aprieta como ahora. Eso es lo que nosotros podríamos haber hecho con este dinero que, repito, no es para la intendenta, ni para la gestión, es para nuestros niños y para nuestras niñas.
Eso reclamamos en la demanda de amparo que se acaba de presentar. Para concluir, quiero decir que sin una adecuada distribución de los recursos no hay federalismo posible. Como les decía recién, es llamativo, es de cartón. La correcta distribución de los recursos tiene incidencia directa en la eficiencia de la gestión de gobierno y tiene también una trascendencia política, porque podemos tener un alto nivel de concentración de poder en el gobierno central, como lo tenemos ahora, y como contrapartida, municipios débiles, sin autonomía, sin posibilidad de desarrollar el plan de gobierno. Un buen sistema de coparticipación, de distribución de recursos, nos asegura municipios fuertes, con alto grado de autonomía y con la posibilidad de desarrollar el plan de gobierno que los vecinos votaron y eligieron.
¿Qué es la autonomía municipal? No voy a dar una definición jurídica técnica, para eso están los mejores en el tema. Para mí, la autonomía municipal es un modelo de desarrollo, un modelo de bienestar, de calidad de vida. Y es, además, la capacidad de decidir con participación ciudadana cómo queremos vivir, cómo queremos que sea nuestro destino, nuestro futuro, es hacernos cargo, como siempre decimos, y el centralismo es todo lo contrario. El centralismo impide a los municipios el logro de sus objetivos, el cumplimiento de los fines, el cumplimiento de las competencias que tiene asignadas por las leyes y por la Constitución y en definitiva, impide el bienestar de los vecinos. Sin autonomía financiera no hay posibilidad de cumplir las competencias asignadas por la ley, las leyes y la Constitución. No se puede avanzar en mejorar la calidad de vida de la gente, no se puede tapar los baches, no se pueden asfaltar las calles que faltan en los barrios, no se pueden llevar los servicios que los vecinos necesitan, no se puede poner luz en las calles oscuras, no se pueden construir plazas, espacios de encuentro, espacios donde podamos rescatar nuestros valores, los valores que nos unen como pueblo. En definitiva, impide el desarrollo de los pueblos. Yo creo en la autonomía municipal. Creo en la autonomía como la posibilidad de avanzar en nuestra independencia y en nuestra libertad, así como en 1815, los riojanos y riojanas reunidos en el Cabildo el 26 de mayo tuvieron el coraje de declarar nuestra autonomía, la primera autonomía, la autonomía negada… ¡Qué casualidad! No sé por qué, por esas cosas de la historia, de una autonomía que está escondida, sin la cual no hubiera habido Pedro Ignacio de Castro Barros en el Congreso de Tucumán el 26 de mayo de 1815, el pueblo de La Rioja, reunido en el Cabildo, decide su autonomía, La Rioja se planta y dice somos libres e independientes de Córdoba y vamos a aportar a la construcción de la independencia de la patria. Y por eso Castro Barros representa a nuestra provincia en el Congreso de Tucumán y es el alma del Acta de la Independencia. Ese es nuestro ejemplo y no es casualidad que esta demanda se presente hoy en la víspera de celebrar la independencia de la patria. A ese espíritu apelo, de los riojanos y riojanas, de saber que tenemos la necesidad y la obligación de avanzar en nuestra independencia, en nuestra libertad, que es la única manera de construir un proyecto común de ciudad y de provincia y poder avanzar en el bienestar de nuestra gente.
Hoy empezamos un camino que va a ser duro y que va a ser largo. Lo sabemos. Probablemente el resultado de este camino, no llegue en mi gestión, pero sí lo van a tener las futuras generaciones de riojanos y riojanas y quienes ellos elijan para conducir los destinos de esta ciudad. Sé que esto va a traer justicia y paz social para nuestro pueblo, para terminar con especulaciones, con confrontaciones estériles, para que cada uno de los que tienen la responsabilidad, porque el pueblo así lo decidió, de conducir los destinos de nuestros municipios, puedan desarrollar el plan de gobierno y cumplir las aspiraciones que la mayoría de los vecinos en elecciones libres y democráticas decidió. En definitiva, vamos por la justicia y por la paz social y el bienestar de los riojanos y riojanas. Muchas gracias.

Es una ley centralista y unitaria, que somete a los municipios a la voluntad discrecional del Gobernador de turno​.

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